¿Qué es la sindicatura de la sociedad anónima y para qué sirve?
Acá está el tema
de la revisión, hablamos de esto de nuevo
La
sindicatura es un órgano de control interno previsto por la Ley General de
Sociedades (Ley 19.550) que tiene como finalidad principal fiscalizar la
actuación del directorio. A diferencia de otros órganos, no administra ni
gobierna la sociedad, sino que controla que quienes lo hacen actúen conforme a
la ley, el estatuto y las decisiones de la asamblea.
Desde el
punto de vista jurídico, su función puede definirse como un control de
legalidad y de más que nada de las formas de la gestión, con facultades
amplias para examinar la actividad social y deberes que imponen una actuación
activa y constante.
Esto
significa que el síndico no puede ser un sujeto pasivo: la ley le exige intervenir,
investigar, informar y, en su caso, actuar frente a irregularidades.
La ley ha
buscado jerarquizar la sindicatura exigiendo condiciones estrictas para su ejercicio.
Para desempeñarse como síndico es necesario:
Este
último punto ha generado debate doctrinario. Tras la reforma del Código Civil y
Comercial, se entiende que estas sociedades deben ser sociedades colectivas,
ya que son las únicas que aseguran una responsabilidad solidaria plena de sus
integrantes.
No se
admite que sociedades irregulares, informales o de la llamada “Sección IV”
puedan ejercer la sindicatura, debido a la falta de seguridad jurídica que
implican.
Uno de
los aspectos más importantes del régimen legal es garantizar la independencia
del síndico. Por eso, la ley establece múltiples incompatibilidades.
No pueden
ser síndicos:
Además,
existe una incompatibilidad fundamental: el síndico no puede tener intereses
contrapuestos con la sociedad ni realizar actividades en competencia con ella.
Un tema
particularmente controvertido es si el síndico puede ser, al mismo tiempo,
contador o auditor de la sociedad.
Aunque
algunos sectores lo justifican por razones de costos, desde el punto de vista
jurídico esta acumulación es altamente cuestionable. ¿Por qué?
Porque
implica que una misma persona:
Esto
genera un evidente conflicto de intereses y afecta la independencia del órgano
de fiscalización.
El
síndico debe ejercer su función personalmente. Esto significa que:
Esta
exigencia refuerza la responsabilidad personal del síndico, quien puede
responder por incumplimientos en el ejercicio de sus funciones.
El
artículo 294 de la Ley 19.550 establece un conjunto de deberes y facultades que
definen el rol activo del síndico. A continuación, los analizamos en detalle.
El
síndico debe controlar la actuación del directorio. Para ello:
Este
control no es meramente formal: implica verificar que las decisiones se ajusten
a la ley, el estatuto y el interés social pero no al contenido de las mismas.
Además
del control jurídico, el síndico debe analizar la situación económica de la
sociedad:
También
puede exigir la elaboración de balances de comprobación.
El
síndico tiene derecho y deber de asistir a:
Participa
con voz, pero sin voto.
Esto le
permite conocer de primera mano las decisiones y controlar su legalidad.
Debe
verificar que los directores constituyan y mantengan la garantía exigida por la
ley.
Si
detecta irregularidades, debe actuar para corregirlas.
Esta es
una de sus funciones más importantes.
El
síndico debe presentar un informe sobre:
Este
informe es clave para que los accionistas puedan tomar decisiones informadas.
Debe
suministrar información a accionistas que representen al menos el 2% del
capital social.
Sin
embargo, este límite ha sido criticado, ya que deja sin acceso a información a
pequeños accionistas.
Es
importante destacar que, en el contexto de la asamblea, todos los accionistas
pueden solicitar información necesaria para votar.
El
síndico puede convocar:
Esto le
otorga una herramienta fundamental para activar el control institucional.
Puede
exigir que se traten determinados temas en la asamblea.
Esto le
permite llevar a discusión cuestiones relevantes que el directorio podría
omitir.
Debe
asegurarse de que los órganos sociales:
Este es
el núcleo de su función: el control de legalidad.
En caso
de disolución, el síndico controla el proceso de liquidación.
Debe
investigar denuncias formuladas por accionistas que representen al menos el 2%
del capital.
Si
detecta irregularidades:
Este rol
es fundamental para canalizar reclamos internos.
Además
del artículo 294, existen otras obligaciones importantes:
Aunque la
ley no lo establece expresamente, la doctrina y jurisprudencia han admitido que
el síndico puede solicitar la intervención judicial en casos excepcionales.
Esto
ocurre, por ejemplo, cuando:
Desde una
perspectiva jurídica, esta facultad se justifica porque el síndico debe
garantizar el funcionamiento regular de la sociedad.
Si el
síndico detecta una causal de incompatibilidad o impedimento durante su
función:
En el
caso de sociedades profesionales, si uno de sus integrantes está inhabilitado,
toda la sociedad debe cesar en el cargo.
El
síndico puede ser responsable por:
Su
responsabilidad puede ser solidaria con los directores si no actúa
diligentemente.
En la práctica
societaria, la sindicatura cumple un rol esencial:
Sin
embargo, su eficacia depende en gran medida de su independencia y
profesionalismo.
Un
síndico pasivo o comprometido con la administración pierde su razón de ser y
puede generar graves consecuencias para la sociedad.
El
régimen vigente presenta algunas inconsistencias:
Estas
cuestiones han sido señaladas por la doctrina como aspectos a mejorar en
futuras reformas.
La
sindicatura no es un órgano meramente formal: es una pieza clave en el sistema
de control societario. Sus deberes y atribuciones están diseñados para
garantizar la legalidad, proteger a los accionistas y asegurar el correcto
funcionamiento de la sociedad.
Desde una
perspectiva jurídica, el síndico debe actuar con independencia, profesionalismo
y diligencia, asumiendo un rol activo frente a cualquier irregularidad.
Comprender
su función no solo es esencial para quienes ejercen el cargo, sino también para
todos los actores del mundo societario, ya que una sindicatura eficiente es
sinónimo de mayor transparencia, confianza y seguridad jurídica.
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