Como abogados especializados en derecho societario, entendemos que uno de los temas más relevantes y, a veces, delicados, en la gestión de una sociedad comercial en Argentina es la responsabilidad de sus administradores o directores. Los administradores tienen una función clave en la dirección y gestión de las sociedades, pero esa responsabilidad debe estar claramente delimitada para evitar injusticias y promover una gestión eficiente. En este artículo, explicaremos de manera sencilla y clara qué significa la responsabilidad en el ámbito societario, cómo puede disminuirse o “atenuarse”, y en qué casos puede extinguirse por completo, según la legislación argentina vigente.
En términos simples, cuando hablamos de responsabilidad de los
administradores, nos referimos a las obligaciones legales y estatutarias que
tienen estos actores en el ejercicio de sus funciones. La ley establece que los
directores son responsables, entre otras cosas, por decisiones que puedan
causar daños a la sociedad, a los socios, o incluso a terceros.
La legislación
argentina, en particular la Ley de Sociedades Comerciales (Ley 19.550), y
normativas complementarias, regulan en detalle cómo y cuándo pueden ser responsabilizados
los administradores. La responsabilidad puede surgir en distintas
circunstancias, como decisiones incorrectas, incumplimiento de deberes legales,
o actuar en contra del interés social.
Porque tratar estos temas ayuda a prevenir conflictos y garantiza que
las sociedades puedan funcionar con transparencia y seguridad jurídica. Además,
conocer los límites y las formas de atenuar esa responsabilidad es fundamental
para la buena gestión y protección de quienes ejercen cargos directivos en
sociedades.
El régimen de responsabilidad para los administradores de sociedades
comerciales en Argentina es generalmente estricta y gravosa, especialmente en
casos de incumplimiento o errores en la gestión. Sin embargo, la legislación ha
establecido mecanismos para aliviar esa carga y permitir una mayor flexibilidad
en la gestión de los directores.
La ley 22.903 y la
responsabilidad personal de los directores
La Ley 22.903, sancionada en Argentina, introdujo un sistema que permite
atenuar la responsabilidad de los directores en sociedades de estructura plural
(es decir, con varios miembros en el directorio). La idea principal es que, en
ciertos casos, la responsabilidad no recaerá sobre la gestión general, sino que
se podrá imputar según las funciones específicas que cada director tenga
asignadas.
Para que esto sea
efectivo, es necesario cumplir con ciertos requisitos:
·
Primero, que los instrumentos en los cuales se
asignan las funciones específicas estén inscriptos en el Registro Público
correspondiente.
·
Segundo, que la designación de los
responsables y la descripción de sus funciones también estén registrados
públicamente.
Es importante destacar que estos mecanismos no liberan a los directores
de responsabilidad en decisiones colegiadas o decisiones que exceden sus
funciones específicas; en esos casos, seguirá aplicando el régimen general de
responsabilidad, menos favorable para los administradores.
La legislación específica para sociedades que hacen oferta pública de
acciones también regula la responsabilidad de los directores. La Ley 26.831, en
particular, establece reglas particulares en esta materia, y además, obliga a comunicar
al mercado de valores la asignación de funciones específicas si estas últimas
tienen carácter relevante.
Por ejemplo, ello
implica que si un director asuma funciones particulares, esta información debe
inscribirse y comunicarse a los inversores para que tengan conocimiento claro
de quiénes toman decisiones relevantes.
Esto busca promover
la responsabilidad y transparencia en la gestión de sociedades que cotizan en
bolsa, alineando las prácticas con los principios de buen gobierno corporativo.
Otra figura relevante en Argentina es la responsabilidad de los
directores y funcionarios designados por el Estado en empresas estatales y
sociedades en las cuales participa el Estado Nacional. Según el Decreto
196/2015, estos directores y funcionarios son considerados funcionarios
públicos a efectos de responsabilidad, y el Estado garantiza su protección y
defensa legal en el ejercicio de sus funciones.
No obstante, esa
protección tiene límites: si se demuestra dolo o culpa grave, o si actúan fuera
de las normas y directivas que rigen esas instituciones, la asistencia legal
del Estado no procederá. La responsabilidad en estos casos está muy regulada y
dirigida a garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos
públicos.
La responsabilidad de los administradores no es una obligación
indefinida. La legislación argentina establece que, en ciertos momentos y bajo
determinadas condiciones, la responsabilidad de un director puede extinguirse,
dejando sin efecto cualquier obligación o reclamación en su contra.
La ley dispone que la responsabilidad de un director puede extinguirse
en los siguientes casos:
1.
Aprobación de su gestión por la Asamblea Ordinaria: si los accionistas
aprueban la gestión del director en asamblea, sin que exista oposición por
parte de quienes representen al menos el 5% del capital social, la
responsabilidad queda extinguida respecto de esas gestiones.
2.
Sentencia firme que rechace las acciones de
responsabilidad: si un proceso judicial que la sociedad inició contra un director
termina con una sentencia definitiva en su favor, también se considera que su
responsabilidad quedó extinguida.
3.
Renuncia expresa a iniciar acciones de
responsabilidad: si, en una asamblea, los accionistas deciden renunciar formalmente a
presentar acciones legales contra un director, no podrá posteriormente
reclamarle responsabilidad, siempre que esa renuncia no sea opuesta por accionistas
que representen al menos el 5% del capital social.
4.
Transacción entre la sociedad y el director: si existe un
acuerdo que resuelva la situación, y no hay oposición de accionistas que
representen el 5%, la responsabilidad también puede considerarse extinguida.
Estos mecanismos están diseñados para dar estabilidad y certidumbre, y
evitar que un director quede siempre expuesto a reclamaciones judiciales,
siempre que haya mostrado buena gestión y no exista oposición significativa por
parte de los accionistas.
A pesar de estos mecanismos para extinguir o atenuar responsabilidades,
existen límites claros. La ley argentina establece que la dispensa de
responsabilidad no será válida en los siguientes casos:
·
Cuando las acciones que dieron origen a la responsabilidad impliquen
violaciones a la normativa legal, estatutaria o reglamentaria. Es decir, si el
acto o la decisión del director fue ilegal o contraria a las reglas existentes,
no podrá ser eximido.
·
Cuando la sociedad se encuentre en un proceso de liquidación forzosa o
concurso preventivo. La protección que otorgan estos mecanismos se limita, dado
que en estos escenarios la protección de los terceros y de los intereses
colectivos prevalece sobre la autonomía de los accionistas o directores.
Estas restricciones garantizan que no se puedan evitar responsabilidades
cuando los actos de los directores impliquen irregularidades graves o afecten
la estabilidad de la sociedad en dificultades.
Para quienes ejercen cargos en sociedades comerciales, ya sea como
directores, socios o asesores, comprender estos mecanismos de responsabilidad y
cómo pueden atenuarse o extinguirse es fundamental para gestionar con seguridad
jurídica y evitar riesgos innecesarios.
Asimismo, para los
accionistas y terceros interesados, conocer estas reglas brinda mayor
transparencia y protección en sus derechos y en la seguridad de sus
inversiones.
·
Mantener documentación adecuada: Es recomendable que
los directores documenten todas sus acciones, decisiones y protestas, para
dejar constancia en caso de que alguna responsabilidad se plantee
posteriormente.
·
Designar y registrar funciones específicas: Si un director asume
funciones particulares, estas deben inscribirse en el Registro Público, y
comunicarse al mercado si la sociedad cotiza en bolsa.
·
Participar activamente en las asambleas: La aprobación de la
gestión por parte de los accionistas ayuda a extinguir responsabilidades
previas y reduce posibles reclamaciones futuras.
·
Consultar con profesionales especializados: En caso de dudas
sobre la responsabilidad, los mecanismos de atenuación o el proceso de
extinción, siempre es recomendable buscar asesoría legal especializada para
proteger sus derechos y cumplir con las obligaciones legales.
La responsabilidad de los administradores de sociedades comerciales en
Argentina es un tema complejo pero fundamental para garantizar una gestión
responsable y segura. La legislación ha avanzado en establecer mecanismos para
atenuar y extinguir esa responsabilidad, fomentando una gestión más flexible
sin perder de vista la protección de los intereses sociales, de los accionistas
y de terceros.
Conocer estos
mecanismos, cumplir con los requisitos legales y actuar con buena fe y
diligencia son las mejores prácticas para quienes ejercen cargos en sociedades
y para quienes quieren invertir o relacionarse con ellas.
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