Sociedades constituidas en el extranjero: Generalidades y la nacionalidad de las sociedades
La actuación de sociedades constituidas en el extranjero dentro del territorio argentino plantea interrogantes jurídicos que van mucho más allá de una simple cuestión registral. Entre ellos, uno de los debates más clásicos y persistentes del derecho societario es el relativo a la llamada “nacionalidad de las sociedades”.
Desde la
práctica profesional, este tema no solo tiene relevancia académica, sino que
impacta directamente en operaciones inmobiliarias, inversiones, litigios
comerciales y estructuras societarias complejas. En este artículo analizaremos,
con un enfoque claro y accesible, cómo aborda el derecho argentino estas
cuestiones y cuáles son las reglas que deben conocer quienes operan o contratan
con sociedades extranjeras.
La nacionalidad de las sociedades: un debate histórico del derecho societario
¿Las sociedades tienen nacionalidad?
La
cuestión de la nacionalidad de las sociedades ha generado una de las
discusiones más apasionantes del derecho societario comparado. A diferencia de
las personas humanas, cuya nacionalidad se vincula directamente con el Estado,
la situación de las personas jurídicas no es tan sencilla.
En
Argentina, la doctrina mayoritaria sostiene que las sociedades no tienen
nacionalidad, criterio que se remonta a una posición histórica firmemente
arraigada en nuestro derecho.
La doctrina de Bernardo de Irigoyen
El origen
de esta postura se encuentra en la conocida doctrina del canciller Bernardo
de Irigoyen, expuesta en el año 1875. Dicha doctrina fue formulada con
motivo del rechazo a una protesta del gobierno británico relacionada con el
cierre de la sucursal del Banco de Londres en la ciudad de Rosario y el
procesamiento de su gerente, decisión adoptada por el gobierno de la provincia
de Santa Fe.
En esa
oportunidad, Irigoyen sostuvo que las sociedades no pueden asimilarse a los
ciudadanos en su relación con el Estado, ya que el contrato de sociedad
genera un vínculo jurídico de naturaleza económica entre sus integrantes, pero
no una pertenencia política o nacional.
Esta idea
fue adoptada y profundizada por la doctrina argentina, que considera que
atribuir nacionalidad a las sociedades implicaría desvirtuar el verdadero
alcance de la personalidad jurídica.
La personalidad jurídica y sus límites
Desde
esta perspectiva, la personalidad jurídica es una técnica legal creada
por el legislador para facilitar la imputación de derechos y obligaciones, pero
no un concepto que deba extenderse más allá de su finalidad práctica.
Negar la
nacionalidad de las sociedades no implica desconocer su existencia como sujetos
de derecho, sino evitar que ese reconocimiento derive en una relación
político-jurídica con el Estado que exceda lo razonable.
La posición del derecho comparado
El criterio europeo continental
A
diferencia de lo que ocurre en Argentina, en varios países de Europa
continental se sostiene que, si la sociedad es una persona jurídica, no existe
razón para negar toda relación entre ella y el Estado.
Bajo este
enfoque, se habla de sociedades “nacionales” o “extranjeras” según criterios
como el lugar de constitución, el domicilio social o la sede de administración
efectiva.
Una crítica desde el derecho argentino
Desde el
punto de vista del derecho societario argentino, este criterio resulta
cuestionable. Atribuir nacionalidad a una sociedad por el solo hecho de
reconocerle personalidad jurídica implica otorgar a este concepto un alcance
que excede ampliamente la finalidad práctica tenida en cuenta por el
legislador.
Por esta
razón, nuestra doctrina se ha mantenido firme en negar la nacionalidad de las
sociedades, aun cuando reconoce la necesidad de identificar el origen de los
capitales en determinados supuestos.
El consenso argentino: negar la nacionalidad, pero conocer el origen del capital
Una aparente contradicción
Aunque la
doctrina argentina niega pacíficamente la nacionalidad de las sociedades,
existe un consenso igualmente fuerte sobre la necesidad de conocer el
origen de los capitales de las sociedades constituidas en el extranjero que
actúan en el país.
Esta
aparente contradicción se resuelve a través de una construcción doctrinaria
específica: la doctrina del control económico.
La doctrina del control económico
Origen histórico
La
doctrina del control económico tuvo su origen durante la Segunda Guerra
Mundial, en un contexto marcado por la necesidad de evitar infiltraciones
patrimoniales o personales de Estados con los cuales existía beligerancia.
En ese
marco, resultaba imprescindible identificar quiénes eran los verdaderos
titulares del capital y quiénes controlaban efectivamente las sociedades que
operaban en un determinado territorio.
Proyección en tiempos de paz
Finalizada
la guerra, esta doctrina no desapareció. Por el contrario, se proyectó a
tiempos de paz como una herramienta para:
- Proteger la industria
nacional
- Resguardar intereses
políticos y económicos estratégicos
- Garantizar la seguridad del
Estado
- Evitar maniobras de elusión
normativa
En
Argentina, esta concepción se reflejó en diversas normas, entre ellas:
- Ley 18.061
- Ley 18.875 de Preferencia
para la Producción Local
- Ley 21.342 de Inversiones
Extranjeras
¿En qué consiste el control económico?
El
control económico no atribuye nacionalidad a las sociedades, sino que se
limita a identificar el origen del capital o de los socios para ciertos fines
específicos de interés público.
Según
este criterio, se considera sociedad local de capital extranjero a aquella:
- Domiciliada en la República
Argentina
- En la cual personas humanas
o jurídicas domiciliadas en el exterior
- Sean propietarias directa o
indirectamente de más del 50% del capital social
- O cuenten con los votos
necesarios para prevalecer en las decisiones sociales
La posición de Halperin
Coincidiendo
con Halperin, la doctrina sostiene que el control económico debe utilizarse:
- Para limitar beneficiarios
de ciertas ventajas legales
- Para impedir la elusión de
sanciones
- Para hacer efectiva la
responsabilidad civil
- En supuestos análogos con
evidente interés público
Régimen legal aplicable a las sociedades extranjeras en Argentina
El principio general del artículo 118 de la Ley 19.550
El artículo
118 de la Ley General de Sociedades establece que:
La
sociedad constituida en el extranjero se rige, en cuanto a su existencia y
forma, por las leyes del lugar de constitución.
Esto
significa que cuestiones como:
- Personalidad jurídica
- Capacidad
- Formalidades de constitución
- Tipicidad
- Funcionamiento de los
órganos
se rigen
por la ley del país de origen.
El límite: la actuación en territorio argentino
Sin
embargo, este principio no se extiende automáticamente a la actuación de
la sociedad extranjera en la República Argentina. En este punto, la ley
distingue claramente tres situaciones.
Actuación mediante actos aislados
¿Qué son los actos aislados?
El
artículo 118, párrafo segundo, permite que las sociedades extranjeras:
- Realicen actos aislados en
el país
- Comparezcan en juicio
derivados de esos actos
El
problema es que la ley no define qué debe entenderse por “acto aislado”.
Interpretación doctrinaria y jurisprudencial
La
doctrina nacional mayoritaria sostiene que este concepto debe interpretarse en
forma restrictiva, reservándolo para:
- Actos esporádicos
- Actos accidentales
- Actos desprovistos de
permanencia
Un solo
acto puede quedar excluido del concepto de “aislado” si, por su naturaleza,
genera una actividad continuada.
Jurisprudencia histórica
Un fallo
plenario de la Cámara Civil de la Capital Federal del año 1920 sostuvo que no
podía considerarse acto aislado la constitución de una hipoteca por una
sociedad extranjera no inscripta, ya que dicho acto implicaba una serie de
conductas posteriores de conservación y ejecución del crédito.
El interés del Estado
Desde mi
perspectiva profesional, la clave del análisis radica en el interés del
Estado en conocer quiénes desarrollan actividades económicas en su
territorio.
Cuando la
naturaleza del acto excede la mera accidentalidad, resulta razonable exigir la
inscripción registral de la sociedad extranjera.
El caso “IGJ c. Frinet S.A.”
La Cámara
Comercial, Sala B, en el fallo del 4 de mayo de 2007, sostuvo expresamente que
la adquisición de inmuebles por parte de una sociedad extranjera no
constituye un acto aislado, imponiendo la obligación de inscripción
conforme al artículo 118 de la Ley 19.550.
Ejercicio habitual de actos y establecimiento de sucursales
Requisitos legales
Cuando la
sociedad extranjera pretende:
- Ejercer habitualmente actos
comprendidos en su objeto social
- Establecer una sucursal
- Crear un asiento o
representación permanente
Debe
cumplir con los requisitos del artículo 118, párrafo tercero.
Estos
son:
- Acreditar la existencia de
la sociedad
conforme a la ley de su país
- Fijar un domicilio en la
República,
cumpliendo con las normas de publicidad
- Justificar la decisión de
crear la representación
- Designar a la persona a
cargo de ella
Si se
trata de una sucursal, deberá además determinarse el capital asignado, cuando
así lo exijan leyes especiales.
Fundamentos de la inscripción registral
Los
legisladores de la Ley 19.550 fundamentaron la exigencia de inscripción en dos
pilares centrales:
a) Principio de soberanía
El Estado
tiene derecho a controlar las entidades mercantiles extranjeras que se
incorporan a su vida económica.
b) Régimen de publicidad
La
registración mercantil protege a los terceros, otorga seguridad jurídica y
garantiza la transparencia de las relaciones comerciales, concepto
estrechamente vinculado a la moralidad comercial.
Consecuencias de la falta de inscripción
No es una sociedad irregular
La falta
de inscripción no convierte a la sociedad extranjera en irregular, ya
que su regularidad se rige por la ley de su país de origen.
La verdadera sanción: la inoponibilidad
La
consecuencia jurídica es la inoponibilidad o ininvocabilidad de su
actuación en el país hasta que se cumpla con la inscripción.
Esta
solución es coherente con otros supuestos del ordenamiento jurídico argentino y
responde a una cuestión de orden público.
Sociedades extranjeras de tipo desconocido
El artículo 119 de la Ley 19.550
Cuando
una sociedad extranjera adopta un tipo societario no previsto por la ley
argentina, se aplican igualmente los requisitos del artículo 118.
En estos
casos, corresponde al juez o a la autoridad de control determinar las
formalidades exigibles, aplicando el criterio de máximo rigor, equivalente
al previsto para las sociedades anónimas.
Reflexión final
La
regulación de las sociedades constituidas en el extranjero en el derecho
argentino se apoya en un delicado equilibrio: por un lado, el respeto por la
ley del lugar de constitución y, por otro, la protección del interés público
nacional.
Negar la
nacionalidad de las sociedades no implica desconocer la necesidad de control,
sino abordarla desde herramientas jurídicas más precisas y funcionales, como la
doctrina del control económico y la exigencia de registración.
Comprender
estas reglas resulta esencial no solo para abogados y empresarios, sino también
para cualquier persona que contrate, invierta o se relacione con sociedades
extranjeras que actúan en nuestro país.
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