En el mundo del financiamiento corporativo, las obligaciones negociables (también conocidas como bonos corporativos) se han convertido en una herramienta clave para que las empresas puedan captar fondos sin recurrir necesariamente a los préstamos bancarios tradicionales. A pesar de que su historia en Argentina tuvo comienzos tímidos, desde la sanción de la Ley 23.576 y su modificación por la Ley 23.962, las obligaciones negociables han ganado protagonismo en el mercado financiero.
En este
artículo, te explicaré qué son las obligaciones negociables, cómo se emiten,
qué ventajas ofrecen y cuál es su régimen legal actual en Argentina. Todo
explicado desde una perspectiva legal pero con lenguaje claro, para que puedas
entenderlo sin necesidad de ser especialista.
Las
obligaciones negociables son títulos de deuda emitidos por empresas,
cooperativas o incluso asociaciones civiles, con el objetivo de financiarse. En
otras palabras, una empresa que necesita dinero puede emitir estos títulos, los
cuales son adquiridos por inversores que, a cambio, recibirán intereses y la
devolución del capital en un plazo determinado.
A
diferencia de las acciones, que otorgan participación en la propiedad de una
sociedad, las obligaciones negociables no otorgan derechos societarios;
son simplemente instrumentos de crédito. El inversor no se convierte en dueño
de la empresa, sino en acreedor.
Estas
obligaciones pueden ser ofrecidas al público en general o colocadas de manera
privada, y pueden tener diversas características, como ser convertibles
en acciones, contar con diferentes tipos de garantías, o ajustarse por índices de
inflación, dependiendo de cómo se estructure la emisión.
Según la
legislación vigente, pueden emitir obligaciones negociables las siguientes
entidades:
La
normativa también permite que las emisiones se realicen en moneda nacional o
extranjera, con interés fijo o variable, y con o sin cláusulas de ajuste.
El
proceso de emisión está regulado por el artículo 9° de la Ley 23.576, y varía
levemente según el tipo de entidad y si las obligaciones son simples o
convertibles en acciones.
Además,
el órgano de administración puede recibir delegación de facultades para
definir aspectos técnicos de la emisión, como precio, plazo, forma de pago,
tasa de interés, y fórmula de conversión si son convertibles. Esta delegación
tiene un plazo máximo de dos años para su ejercicio, vencido el cual
caduca la autorización.
La ley
impone requisitos de publicidad y registración para garantizar la
transparencia y proteger a los inversores. El artículo 10 establece que
debe publicarse un aviso en el Boletín Oficial y dejar constancia en el
organismo de control correspondiente. Además, se debe inscribir en el Registro
Público, incluyendo información detallada como:
Las
obligaciones negociables pueden ser emitidas con diferentes tipos de garantías,
lo que influye en su atractivo para los inversores. Estas son:
Las
garantías deben constar en las resoluciones que autorizan la emisión, e inscribirse
en los registros correspondientes, como el Registro de la Propiedad o el
Registro de Hipotecas. La hipoteca puede constituirse por declaración
unilateral del emisor, y su cancelación requiere certificación contable de
la cancelación de la deuda o acuerdo de los obligacionistas. Si hay oferta
pública, se necesita la conformidad de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Además,
las obligaciones negociables pueden ser avaladas por terceros, como
entidades financieras, ampliando su respaldo y credibilidad.
Una de
las razones principales por las que las empresas utilizan este instrumento es
su atractivo régimen impositivo.
Según el artículo
35 de la Ley 23.576, están exentos del impuesto de sellos los actos,
contratos y operaciones vinculados con la emisión, suscripción, colocación y
transferencia de las obligaciones negociables. Esta exención incluye también:
Para
acceder a estos beneficios fiscales, deben cumplirse ciertos requisitos
establecidos en el artículo 36, como destinar los fondos a actividades
productivas, mantener la transparencia informativa, y contar con autorización o
supervisión por parte de la CNV cuando corresponda.
Las
obligaciones negociables son una herramienta muy útil para las empresas que
buscan financiamiento eficiente, flexible y con ventajas fiscales. Su emisión
no es compleja desde el punto de vista legal, pero requiere un cumplimiento
riguroso del marco normativo vigente, sobre todo si se pretende ofrecerlas al
público.
Desde la
perspectiva legal, es esencial que las empresas cuenten con asesoramiento
jurídico especializado antes de lanzar una emisión, para garantizar la
validez del acto, el cumplimiento de las formalidades y la obtención de los
beneficios impositivos. También es importante evaluar cuidadosamente el tipo de
garantía que se ofrecerá, el perfil del inversor objetivo y la estructura de
intereses y amortización que se aplicará.
Si estás
pensando en invertir en este tipo de instrumentos, o si sos parte de una
empresa que necesita financiamiento, las obligaciones negociables pueden ser la
opción adecuada. Y como abogado, puedo asegurarte que, con un diseño adecuado y
asesoramiento correcto, representan una herramienta jurídica sólida y eficaz.
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